El Congreso Nacional se encuentra en el centro de un intenso debate sobre la posibilidad de modificar el Régimen Penal Juvenil, impulsado por el pedido del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa. En respuesta, la diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, ha puesto en marcha una serie de reuniones para discutir la reducción de la edad de imputabilidad.

El próximo miércoles 12 de marzo, está previsto un plenario que reunirá a las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto con el objetivo de avanzar en la reforma. La diputada cordobesa del PRO, cercana a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, liderará estas discusiones que reavivan un tema que había quedado estancado el año pasado.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo, presentado en junio de 2023 con el respaldo de Bullrich y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, plantea bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Sin embargo, existen más de una docena de iniciativas en el Congreso con distintas propuestas sobre la temática.

La reciente conmoción generada por el asesinato de la niña Kim Anura Gómez en La Plata ha reactivado el debate. La menor de siete años falleció luego de ser arrastrada por varios metros cuando dos adolescentes, de 14 y 17 años, robaron el automóvil de su madre con ella en el interior. El trágico episodio avivó las discusiones sobre la responsabilidad penal de los menores de edad.

                               

 

El presidente Milei ha insistido en la necesidad de endurecer el régimen penal juvenil, señalando que quienes cometan delitos con plena conciencia de sus actos deben enfrentar las consecuencias como adultos. No obstante, el debate no solo se centra en la edad mínima de imputabilidad, sino también en qué delitos deberían ser punibles, qué penas se aplicarían y qué medidas de reinserción social se establecerían.

La reforma propuesta contempla sanciones alternativas como restricciones de movilidad, prohibiciones de contacto con la víctima, monitoreo electrónico y trabajo comunitario. También prevé la incorporación de programas educativos y deportivos, así como la figura de un supervisor para acompañar el proceso de rehabilitación del infractor.

Además, se establece que los menores no podrán recibir penas de reclusión perpetua, fijándose un máximo de 20 años de prisión. También se permitirá la revisión de la condena al cumplir dos tercios de la misma, con la posibilidad de continuarla en el domicilio o en institutos especializados.

El debate sobre la seguridad y la criminalidad juvenil ha tomado relevancia en la agenda legislativa, con posiciones enfrentadas entre el oficialismo y la oposición. Mientras el Gobierno busca avanzar con celeridad en la reforma, otros sectores políticos insisten en la necesidad de considerar enfoques integrales que incluyan políticas de prevención y contención social para abordar la problemática de fondo.